El 18 de abril el Tribunal Constitucional de Chile oficializó su fallo respecto del recurso de inconstitucionalidad presentado por 36 parlamentarios de derecha en contra de las Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad del Ministerio de Salud. A partir de ello, se prohíbe la distribución de la anticoncepción de emergencia en los servicios públicos de salud (incluyendo el uso del método combinado Yuzpe), y tampoco las mujeres víctimas de violencia sexual podrán acceder a ella.

Esto fue notificado a último hora del día 18, a las autoridades del Ministerio de Salud y a los diputados de la Alianza que presentaron el requerimiento. El texto de 276 páginas rechazó, por otra parte, la demanda de los requirentes para que se prohibiera el uso de dispositivos intrauterinos como la "T de cobre". Asimismo mantuvo vigente el sistema de consejerías para menores de edad, lo que también había sido impugnado por los demandantes bajo el argumento de que vulnera el derecho de las familias a educar a sus hijas e hijos.

Aun cuando se prohíbe explícitamente la distribución del Levonorgestrel en el sistema público de salud, no está claro si esto implica su prohibición también en el ámbito privado, y se espera que en los próximos días se produzcan varias definiciones sobre su contenido y los alcances del mismo. En ese sentido, la Ministra de Salud, Dra. María Soledad Barría, precisó que "El fallo no afecta la comercialización de la píldora, ni la distribución por otros mecanismos. Aquí no se está impugnando ningún registro, ni la venta en las farmacias, por lo cual esto se puede seguir realizando perfectamente. Y tampoco se ha ordenado la destrucción de stock", agregó.

Por su parte, el Movimiento por la Defensa de la Anticoncepción, que agrupa a redes, colectivos y personas individuales de varias regiones del país, está realizando distintas acciones públicas para denunciar la grosera interferencia del Tribunal Constitucional, TC, que con su fallo ilegítimo coarta la libertad de decidir y de conciencia. En reciente declaración pública, sostuvo que el Tribunal Constitucional, “en connivencia con sectores políticos conservadores y al alero de la jerarquía de la Iglesia Católica, pretende erigirse en dictador de la moral nacional, imponiendo una visión retrógrada, hipócrita, patriarcal y castigadora respecto de la forma en que las personas nos relacionarnos, nos reproducimos y tenemos sexo. Esto es inaceptable en una sociedad que se dice democrática y moderna”.

En conferencia de prensa el próximo lunes 21, a la que han adherido distintos sectores sociales del país, el Movimiento exigirá que el Estado chileno abra las puertas a una urgente reforma constitucional que responda a las exigencias de una democracia plural, diversa y libertaria que deslegitime instancias inquisitoriales como el Tribunal Constitucional, y restaure la plena vigencia de un Estado laico. Esto es en alusión a la permanente ofensiva fundamentalista de la jerarquía de la Iglesia Católica en contra de políticas públicas progresistas, como es el caso de las citadas Normas. Asimismo, en dicha conferencia demandará abordar los vacíos jurídico-legales respecto de los derechos sexuales y reproductivos que impiden en este país hacerlos exigibles. ?

El día 22 de abril este Movimiento ha convocado además, a una marcha masiva Por la Libertad de Decidir, a la cual se sumarán diversos actores sociales comprometidos con la defensa de los derechos humanos, y de la autonomía sexual y reproductiva de mujeres y hombres, espacio donde llamará directamente a la ciudadanía a no acatar la decisión judicial. Y en el ámbito legal, está estudiando distintos caminos para revertir este fallo, incluyendo una posible presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Mayores informaciones y envío de adhesiones y cartas de solidaridad a:
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